La exfuncionaria Sandra Ortiz presentó ante la justicia una serie de revelaciones clave en su solicitud de libertad por vencimiento de términos, en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su intervención, Ortiz expuso cinco puntos centrales con los que busca sustentar su petición. En primer lugar, aseguró que su detención se ha prolongado más allá de los tiempos establecidos por la ley, argumentando que no se han respetado las garantías procesales correspondientes.
Asimismo, señaló presuntas irregularidades en el manejo de recursos dentro de la UNGRD, indicando que existía un esquema de direccionamiento de contratos y asignación de recursos con fines políticos. Según su versión, estas prácticas no eran aisladas, sino que respondían a una estructura más amplia dentro de la entidad.
En otro de los puntos, la exfuncionaria afirmó que hubo presiones internas para aprobar decisiones específicas relacionadas con la contratación, lo que, según ella, comprometería a otros actores dentro del Gobierno y la entidad.
Ortiz también manifestó su disposición a colaborar con la justicia, ofreciendo ampliar su testimonio y aportar más información que permita esclarecer los hechos investigados. Esta cooperación, argumenta, debería ser tenida en cuenta al momento de evaluar su situación jurídica.
Finalmente, insistió en que no representa un riesgo para el proceso ni para la sociedad, por lo que considera que su permanencia en detención preventiva no es necesaria.
El caso continúa generando fuertes repercusiones políticas y judiciales, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar el alcance real de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades dentro del entramado de corrupción.