La prueba ya no está en la campaña, sino en los resultados: Abelardo de la Espriella se aproxima a sus primeros tres meses como presidente de Colombia con una administración concentrada en seguridad, reducción del gasto y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Desde su posesión, el 7 de agosto de 2026, ha proyectado una imagen de actividad permanente, viajes regionales y decisiones rápidas; sin embargo, el balance exige distinguir entre anuncios, medidas ejecutadas y cambios comprobables en la vida de los ciudadanos.
Detrás de los operativos aparece la pregunta más urgente: ¿está más protegida la población? En su balance de septiembre, el mandatario reportó 24 cabecillas de estructuras criminales afectados —19 capturados y cinco muertos en operaciones— y 73 extradiciones firmadas. Pero, según el seguimiento de Indepaz citado por El País de Cali, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre fueron asesinados 16 líderes sociales y cinco firmantes del Acuerdo de Paz, y se registraron diez masacres con 30 víctimas. Son indicadores distintos, pero su contraste advierte que los golpes contra organizaciones criminales no equivalen, por sí solos, a seguridad consolidada en los territorios.
La otra batalla se libra en unas cuentas públicas que no admiten soluciones instantáneas. El Gobierno anunció un ajuste de 13,8 billones de pesos al presupuesto de 2026 mediante el Decreto 1585: según la distribución presentada por el presidente, tres billones corresponden a funcionamiento, cuatro billones al servicio de la deuda y 6,8 billones a contratación que no se ejecutaría o que no responde a sus prioridades. Por separado, expidió por decreto el presupuesto de 2027, de 634,9 billones, tras vencer el plazo legislativo sin completarse la conciliación. La distinción importa: reducir apropiaciones no demuestra todavía una mejora permanente de las finanzas, y fijar el presupuesto no garantiza su financiación ni su ejecución.
Mientras se discuten los recortes, miles de familias esperan que la reconstrucción deje de ser una promesa. El terremoto del 10 de agosto convirtió la atención de la emergencia en una prueba temprana para el Ejecutivo, que puso en funcionamiento el Fondo Milagro, nombró su junta directiva y anunció la asignación inicial de un billón de pesos. Ese avance administrativo importa, pero el siguiente examen será material: cuánto de ese dinero se contrata con transparencia, qué obras se entregan y cuántas personas recuperan condiciones de vida dignas. La asignación es el comienzo de la respuesta, no su resultado final.
El discurso contra la corrupción también encontró una prueba dentro del propio Gobierno. De la Espriella destituyó al director de Bomberos, Germán Miranda Montenegro, después de conocerse audios sobre una presunta intermediación en un proceso de la Fiscalía, cuando llevaba apenas 26 días en el cargo. La decisión muestra una reacción política rápida, aunque no sustituye la investigación judicial ni permite anticipar culpabilidades. Expertos consultados por EL PAÍS advierten, además, que todavía falta una hoja de ruta anticorrupción suficientemente desarrollada: prevenir irregularidades exige controles y contratación transparente, no únicamente despidos o declaraciones contundentes.
La velocidad de los cambios, sin embargo, abre otro interrogante: ¿corrige errores o revela dificultades para conformar el equipo? Durante estas primeras semanas se han presentado renuncias, destituciones y nombramientos frustrados, según el seguimiento de CAMBIO. A ello se suman salidas tempranas en entidades como Colpensiones y el DANE, reseñadas por EL PAÍS. Los relevos pueden ser necesarios, pero su repetición obliga a examinar la calidad de la selección inicial y la continuidad de las políticas: una administración necesita capacidad de rectificación y, al mismo tiempo, equipos estables que ejecuten sus decisiones.
Para el ciudadano hay una manera más útil de evaluar este arranque que elegir entre entusiasmo y rechazo: seguir el dinero, las obras y la protección efectiva. En reconstrucción, conviene contrastar recursos anunciados con contratos y entregas; en seguridad, operaciones con evolución de la violencia; y en austeridad, recortes con continuidad de servicios. Es una lectura que permite convertir los anuncios descritos en preguntas verificables, sin confundir el balance gubernamental con una evaluación independiente. Ese criterio resulta especialmente pertinente cuando la comunicación presidencial ocupa un lugar tan central en la presentación de la gestión.
El desenlace de esta primera etapa sigue abierto, aunque sus prioridades ya son visibles. El 25 de octubre, De la Espriella rechazó que se le exigiera resolver en pocos meses los problemas que atribuye al gobierno anterior y defendió sus decisiones sobre seguridad, economía e instituciones. El tiempo transcurrido es insuficiente para establecer resultados estructurales, pero permite examinar decisiones, equipos y mecanismos de control. Al acercarse al trimestre, su desafío es transformar la intensidad de la comunicación en resultados sostenibles: menos violencia, reconstrucción verificable y cuentas públicas ordenadas sin deteriorar la atención a la población.
Totalmente de acuerdo, el Presidente lo viene haciendo bien aunque debería ser un poco más modesto