El cambio de rumbo ya superó su prueba en el Congreso, pero todavía debe convertirse en resultados para los territorios: el Senado y la Cámara aprobaron durante la noche del martes 3 de noviembre el proyecto de Ley de Sometimiento impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, y 95 votos favorables frente a 10 negativos en la Cámara. Ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, por lo que no fue necesaria una conciliación. Al conocerse el balance de la mañana de este miércoles, el trámite pendiente era la sanción presidencial: aprobación legislativa y entrada en vigor no son exactamente lo mismo.
La frase presidencial resume la magnitud política de la decisión: “La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó De la Espriella, quien agradeció al Congreso y al ministro de Justicia, Iván Cancino, por sacar adelante la iniciativa. Esa expresión corresponde a la valoración del mandatario sobre la política de su antecesor, Gustavo Petro, no a una conclusión neutral sobre todos sus resultados. El cambio anunciado busca sustituir la interlocución política con organizaciones armadas por una ruta de sometimiento judicial: entregar armas, colaborar con las autoridades y cumplir obligaciones para acceder a beneficios penales, sin convertir ese procedimiento en una negociación sobre el modelo de Estado.
La diferencia que determinará el alcance de esta apuesta está en las condiciones, no solamente en su nombre. Según el texto aprobado descrito en los reportes legislativos, las reducciones de pena podrán llegar hasta el 50% para integrantes de estructuras criminales y hasta el 30% para sus jefes o mandos. No son descuentos automáticos ni equivalen a una amnistía: dependen del cumplimiento de requisitos relacionados con la entrega de armas y bienes, la información aportada, el desmantelamiento de las organizaciones y los compromisos con las víctimas. Cancino también señaló que el mecanismo no contempla suspender órdenes de captura ni de extradición, y que el incumplimiento implica la expulsión del proceso.
El desafío más delicado comienza precisamente después de la aprobación: lograr que las organizaciones encuentren razones para abandonar la actividad criminal sin que el Estado renuncie a perseguirlas. La estrategia combina presión de la Fuerza Pública con una salida judicial condicionada, pero su eficacia deberá examinarse en hechos verificables: armas entregadas, estructuras desarticuladas, bienes recuperados y comunidades menos expuestas a la violencia. Es un criterio de evaluación, no un resultado alcanzado. Un marco jurídico puede establecer incentivos y obligaciones; demostrar que estos funcionan exigirá capacidad investigativa, control judicial y seguimiento al cumplimiento de cada compromiso.
La pregunta que más importa a las víctimas no se resuelve con una victoria legislativa: qué verdad recibirán, cómo se recuperarán los bienes y qué reparación podrán obtener. El Gobierno sostiene que esos derechos forman parte de las exigencias del sometimiento, junto con medidas estrictas frente al reclutamiento de menores. Para las comunidades, la lectura más útil será distinguir entre el anuncio de que un grupo quiere acogerse y la comprobación de que dejó de delinquir y cumplió sus obligaciones. No deberían confundirse intención, admisión al mecanismo y beneficios concedidos: esa diferencia permitirá exigir cuentas sin anticipar impunidad ni proclamar una pacificación que todavía debe demostrarse.
El fin anunciado de la Paz Total abre, por tanto, una etapa cuyo desenlace sigue pendiente. Para el Ejecutivo, la aprobación representa el reemplazo de una política que cuestiona por un sistema sin concesiones políticas y con beneficios sujetos a condiciones; para la ciudadanía, el examen será si ese cambio reduce la violencia y fortalece la justicia. Durante el trámite, la duración prevista de la norma pasó de diez a cuatro años y se eliminó una disposición sobre gastos reservados, ajustes que también deberán considerarse al evaluar su ejecución. El Congreso autorizó un nuevo camino, pero la seguridad de las comunidades y los derechos de las víctimas serán la medida decisiva de su éxito.