Una nueva tragedia golpea al suroccidente del país. Cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la explosión de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, un hecho que vuelve a poner en evidencia la persistencia de estos artefactos en territorios donde la presencia estatal sigue siendo limitada.
El incidente ocurrió mientras los niños se encontraban jugando en una vereda, sin sospechar que el terreno estaba contaminado con explosivos. La detonación generó heridas de alta gravedad, obligando a una evacuación aeromédica de emergencia por parte del Ejército Nacional de Colombia hacia centros asistenciales especializados.
Lesiones graves y consecuencias irreversibles
De acuerdo con información oficial, los menores se encuentran fuera de peligro, pero el impacto físico ha sido devastador: al menos tres de ellos deberán someterse a amputaciones debido a la gravedad de las heridas.
El caso evidencia una realidad que persiste en varias regiones del país: comunidades enteras continúan expuestas a zonas contaminadas por minas antipersonal, incluso en espacios cotidianos como caminos rurales o áreas de juego.
Presencia de grupos armados y zonas de riesgo
Aunque las autoridades no han atribuido de forma directa la instalación del explosivo a un grupo específico, en la zona operan estructuras armadas ilegales, entre ellas facciones disidentes vinculadas a antiguas guerrillas.
Este contexto refuerza la preocupación sobre el control territorial en regiones apartadas, donde la población civil sigue siendo la principal víctima de prácticas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.
Una amenaza que sigue vigente en Colombia
El uso de minas antipersonal continúa siendo una de las expresiones más graves del conflicto armado. Según cifras recientes, cerca del 15 % del territorio nacional aún presenta algún grado de afectación por estos artefactos, lo que representa un riesgo constante para miles de familias.
Este nuevo caso en Nariño se suma a una cadena de incidentes que evidencian que, pese a los avances en desminado, el problema está lejos de desaparecer.
Llamado urgente a proteger a la población civil
Las Fuerzas Militares calificaron el hecho como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de un método de guerra que no distingue entre combatientes y civiles.
Más allá de las condenas institucionales, el episodio vuelve a abrir el debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y la necesidad de fortalecer las acciones de desminado en zonas rurales, donde los más vulnerables siguen pagando el precio más alto.