Este primero de mayo de 2026 no llega como una fecha más en el calendario laboral colombiano, sino como una escena cargada de contradicciones que el país ya no puede seguir mirando de lado. El Gobierno convoca a las calles para defender a los trabajadores y respaldar sus reformas, mientras una parte importante de esos mismos trabajadores marcha porque siente que las decisiones oficiales les complicaron la vida en salud, en transporte y en empleo. La paradoja no podría ser más evidente: El poder llama a la plaza, pero la plaza ya no responde con una sola voz.

Gustavo Petro decidió convertir el Día del Trabajo en un acto político de alto voltaje, con la idea de mostrar músculo social en la recta final de su mandato y en medio de su ofensiva por una asamblea constituyente. En el papel, la apuesta parece clara: Reactivar el entusiasmo de sus bases, sostener el relato de gobierno aliado de los sectores populares y demostrar que la calle sigue siendo un terreno favorable. Pero la realidad de fondo es más compleja, porque en esa misma calle también estarán quienes alguna vez lo apoyaron y hoy salen a reclamarle por promesas incumplidas, costos crecientes y servicios que no mejoran.

El caso más visible es el del magisterio. Los docentes, que fueron uno de los respaldos más sólidos del proyecto petrista, hoy cargan con una frustración difícil de maquillar. El nuevo modelo de salud del FOMAG, que debía corregir viejas fallas, terminó agravando el problema para miles de maestros y sus familias: Demoras, trámites interminables, desorden administrativo y una sensación de abandono que ha devuelto al sector a las calles. La paradoja es dolorosa porque quienes ayudaron a llevar al Gobierno al poder son los mismos que ahora protestan por no recibir algo tan básico como atención médica digna.

En el transporte, el malestar también crece. Los gremios vienen advirtiendo que el costo del diésel y la gasolina sigue golpeando su operación y encareciendo la economía en cadena. Para los transportadores, el discurso oficial sobre proteger el bolsillo de los más pobres choca con una realidad muy concreta: Cada alza en combustible se traduce en menos rentabilidad, más riesgo de quiebra y precios más altos para todos. Y cuando los acuerdos previos no se cumplen del todo, la desconfianza se convierte en rabia. No es solo un problema gremial; es un síntoma del desgaste entre el Gobierno y quienes sostienen el movimiento de mercancías y pasajeros en el país.

A eso se suma la situación de millones de trabajadores que viven entre la ilusión de un mejor salario y la realidad de un empleo cada vez más precario. El Gobierno exhibe como logro el aumento del salario mínimo, pero en muchas pequeñas y medianas empresas ese ajuste, sumado a la presión de los costos y la incertidumbre económica, ha terminado en recortes, informalidad y más fragilidad laboral. El resultado es una contradicción que el primero de mayo se expone sin maquillaje: No basta con subir cifras sobre el papel si el mercado termina expulsando trabajadores del empleo formal que se supone se quería proteger.

Por eso esta jornada no será únicamente una celebración sindical ni una demostración de fuerza oficial. Será, sobre todo, un espejo incómodo para todos. Para el Gobierno, porque tendrá que marchar junto a sectores que lo respaldan pero también lo cuestionan con dureza. Para la oposición, porque no podrá negar que hay malestar real en amplios sectores sociales, aunque muchos de esos reclamos no se resuelvan con consignas contra el presidente. Y para el ciudadano común, porque la fecha obliga a preguntarse si el debate ya dejó de ser entre derecha e izquierda y pasó a ser entre un país que promete y un país que no encuentra resultados.

La fuerza de este primero de mayo está precisamente en esa tensión. No será una marcha de certezas, sino una jornada en la que cada sector intentará usar la calle para decir algo distinto: Unos para respaldar al Gobierno, otros para advertirle que se ha equivocado, y otros para recordarle que el poder no se legitima solo con banderas y discursos ideológicos de rabia y odio,  sino con hechos que mejoren la vida de la gente. En esa mezcla de bajo respaldo y  gran desencanto hay una verdad difícil de evadir: Si un gobierno llega al Día del Trabajo con maestros molestos, transportadores en alerta y trabajadores inseguros sobre su futuro, entonces la movilización ya no celebra derechos; ahora juzga al que prometió defenderlos y que solamente les ha dado frustración y desilusión en nombre del cambio.

Y ahí está la pregunta de fondo que deja esta jornada: ¿Puede un gobierno decir que está del lado de los trabajadores cuando muchos de ellos sienten que sus decisiones los han dejado peor que antes? La respuesta no la darán los discursos ni las tarimas. La dará la calle, con su incomodidad, su memoria y su capacidad de decirle al poder, en voz alta, que defender al pueblo no es convocarlo a marchar, sino evitar que tenga que salir a protestar por lo que nunca debió perder en un Gobierno que se supone los defendería como nunca antes se había hecho.

Hay una cifra que debería encender todas las alarmas en Colombia…
pero aún no se está discutiendo con la profundidad que merece: 37. Ese es el número de acciones terroristas registradas en apenas cinco días en el suroccidente del país.
Y lo más inquietante no es solo la cantidad… sino la forma en que se están ejecutando.

Una ofensiva coordinada, no hechos aislados

Las autoridades atribuyen esta escalada a estructuras criminales bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC.

Pero lo que está ocurriendo no responde al patrón tradicional.

No se trata únicamente de ataques con explosivos.
La ofensiva incluye:

• Uso de drones para lanzar artefactos
• Bloqueos de vías estratégicas
• Incineración de vehículos
• Retenes ilegales

Un despliegue que evidencia capacidad operativa, logística y control territorial. 

El mensaje detrás de los ataques

El dato más revelador es que estas acciones no están dirigidas exclusivamente contra la Fuerza Pública.

En varios casos, las víctimas han sido civiles.

El atentado más grave ocurrió en la vía Panamericana, donde una explosión dejó decenas de muertos y heridos, mostrando un nivel de impacto que va más allá de un objetivo militar. 

Esto cambia completamente la lectura:

ya no es solo una confrontación armada…
es una estrategia de presión.

¿Retaliación, control o algo más?

Según las autoridades, una de las hipótesis es que esta ola de violencia responde a los golpes recientes contra la estructura criminal, incluyendo operaciones militares que afectaron el círculo cercano de alias “Mordisco”.

Pero esa no es la única lectura.

También se analiza si estas acciones buscan demostrar poder territorial en un momento clave para el país.

Porque cuando una organización es capaz de ejecutar decenas de ataques en pocos días, el mensaje no es solo militar…
es político.

Un nuevo escenario: la guerra evoluciona

El uso de drones y ataques simultáneos en distintos puntos muestra una evolución en la forma de operar de estos grupos.

Ya no se trata únicamente de emboscadas o atentados puntuales.

Estamos frente a una lógica más compleja:

• coordinación regional
• diversificación de métodos
• impacto mediático

Y, sobre todo, una capacidad de adaptación que desafía las estrategias tradicionales del Estado.

Si en solo cinco días se pueden ejecutar 37 acciones terroristas…
¿qué podría pasar en los próximos meses?

Porque más allá de la violencia inmediata, lo que está en juego es algo más profundo:

el control del territorio, el miedo en la población
y el rumbo de un país que entra en un momento político decisivo.

Hay decisiones que no solo tumban un acto administrativo: También ponen en evidencia hasta qué punto el Gobierno insistió en empujar una medida que, desde su origen, ya venía cargada de tensiones, advertencias y un fuerte olor a improvisación. Eso es lo que ocurrió con la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026, con el que el Ejecutivo de Gustavo Petro buscaba mover 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones en un plazo exprés.

La providencia del Consejo de Estado no llegó de la nada. Durante días, el decreto había encendido alarmas entre administradoras, juristas y analistas del sistema pensional, que advirtieron que el Gobierno estaba intentando acelerar el traslado de recursos antes de que miles de afiliados cumplieran los requisitos para pensionarse. En la práctica, la medida abría la puerta a una transferencia masiva de ahorros individuales hacia el sistema público en un momento altamente sensible para la confianza de los trabajadores.

El eje del problema no es solo técnico, sino político y de credibilidad. Cuando un gobierno toma decisiones de semejante magnitud sobre recursos que pertenecen a los afiliados, la forma importa tanto como el fondo. Y aquí lo que terminó imponiéndose fue la sospecha de que el Estado estaba empujando demasiado rápido una arquitectura financiera que requería deliberación, garantías y una justificación mucho más sólida.

Lo que el Consejo de Estado suspendió fue una parte crucial del decreto, precisamente la que permitía el giro de recursos de las cuentas de ahorro individual a Colpensiones en el contexto de la llamada ventana pensional. Esa suspensión deja en pausa el movimiento de 25 billones de pesos y frena de inmediato el traslado de los ahorros de quienes aún no completan las condiciones para jubilarse. No se trata, por tanto, de una objeción menor, sino de un golpe directo al corazón de la estrategia oficial.

Esta decisión también revela algo más profundo sobre el manejo de los recursos del Estado bajo Petro: Una tendencia a forzar cambios de gran escala con un margen político muy alto y un margen técnico mucho más estrecho. En un país donde la confianza institucional ya está golpeada, cualquier intento de reorganizar recursos públicos o parafiscales sin una base suficientemente robusta termina encendiendo la alarma de que la política está por encima de la prudencia.

Y el costo de eso no se mide solo en tribunales. Se mide en incertidumbre para millones de afiliados que, de un momento a otro, ven cómo sus ahorros se convierten en campo de disputa entre el Gobierno, las AFP, los jueces y el debate ideológico sobre el sistema pensional. Se mide también en reputación: Cada medida suspendida alimenta la percepción de que el Ejecutivo improvisa, presiona y luego espera que la justicia corrija el rumbo.

La resolución del Consejo de Estado, más que un simple trámite, funciona entonces como un recordatorio de límites. El Estado puede querer redistribuir, ordenar o centralizar recursos, pero no puede hacerlo ignorando los tiempos, las formas y los derechos adquiridos de los ciudadanos. Cuando eso ocurre, el resultado suele ser el mismo: Una medida frenada, una confianza debilitada y un Gobierno obligado a explicar por qué insistió en mover montos multimillonarios sin blindaje suficiente.

En el fondo, el problema que deja este episodio no es solo jurídico. Es una advertencia sobre cómo las malas decisiones en el manejo de los recursos del Estado terminan generando más desgaste que solución. Y cuando eso sucede en un tema tan sensible como las pensiones, la factura política y social puede ser todavía más alta.

El "Estallido social" como muchos llaman a la infame toma guerrillera nacional del 21N, según la página web del grupo terrorista: ELN. No fue más que una estrategia cruel de hostigamiento a figuras públicas de la Derecha en Colombia y un método para ganar las elecciones del 2022 con "su candidato Gustavo Petro". Así lo afirman de forma infame el mismo grupo terrorista en su propio portal web.

Tomado de ELN-voces.net

"Las siguientes conclusiones

Hace 5 años un Estallido Social inició a estremecer las tiránicas estructuras del poder dominante. De este salto en la lucha política nació el primer gobierno de izquierda en el país, que hoy agoniza, mientras la mayoría se moviliza enarbolando el Mandato de transformaciones gestado hace 5 años.

Estudiar y extraer lecciones de los factores que hicieron posible la llegada del gobierno de izquierda (2022-2026), es un imperativo, del cual depende el futuro de la lucha por el poder, que desarrollamos las mayorías empobrecidas, excluidas y oprimidas.

Lección 1: Ante la ruina de la democracia representativa, adquiere el protagonismo la democracia de la calle.

El pueblo como poder constituyente, elige unos representantes que en el Congreso de la República deben defender los intereses del pueblo que los eligió, pero este principio de la democracia representativa hace rato que se corrompió, porque el Congreso solo sirve a la minoría de oligarcas que domina el país y se subordina a las exigencias del plan imperialista. De esta corrupción del poder es que nacen leyes contra el pueblo, como la Reforma tributaria del 2021, que la sociedad rechazó radicalmente y para ello se botó a las calles a protestar, dando lugar a tres meses de una movilización política, que pasó a la historia con el glorioso nombre de Estallido Social.

Lección 2: Pese a que el régimen dominante aplicó toda la crueldad de su gigantesca maquinaria represiva contra los manifestantes, la firmeza de la movilización popular se mantuvo y demostró la ineficacia de la represión, como única solución a los graves problemas del país.

El régimen sacó a las calles a sus Fuerzas Armadas, a sus paramilitares y a todas las bandas de los clanes mafiosos, quienes se ensañaron contra los millones de personas que protestaban. En respuesta surgieron múltiples formas de organización y defensa que hicieron posible el colapso del esfuerzo represivo de la oligarquía y el imperialismo, quienes, en el punto más álgido de este Estallido Social, fueron incapaces de contener los 800 cortes de vías simultáneos que realizaron los manifestantes.

Lección 3:  El vacío de conducción que aquejó a esta gesta popular, nos lo señala Camilo Torres, en uno de sus escritos sobre la sociología del poder en Colombia, llamado ‘Cómo ejercen el gobierno los grupos de presión (1964)’:

«Las clases populares, mayoritarias no constituyen ‘grupos de presión’ por no poseer una conciencia de necesidades comunes, no tener una actividad unificada, no poseer una organización de envergadura nacional, ni un mínimum de objetivos políticos comunes. Si las mayorías no logran tener estos requisitos, Colombia no llegará a ser una verdadera democracia».

Fue evidente que el Estallido Social si partió de una conciencia de las necesidades comunes, junto a lograr una actividad política unificada; pero no alcanzó a contar con la conducción de una organización de envergadura nacional, que luchara por unos objetivos políticos comunes mínimos. Entonces, la conquista de una verdadera democracia es el reto que queda para las luchas venideras.

Lección 4: Esta lucha política claramente subversiva, fue direccionada a ser el soporte del triunfo presidencial de izquierda de 2022, que enfrentó la ‘Ley de hierro’ que estructura al régimen, que obliga a que “unas son las promesas del candidato y otras son las realizaciones del mandatario electo”.

Progresivamente los que eligieron al primer gobierno de izquierda fueron aprendiendo que una cosa es acceder al gobierno y otra muy distinta es tener el poder. Con el agravante de que este gobierno de izquierda cuenta con dos flancos de oposición, que le frenan hasta el más mínimo intento de hacer reformas tan siquiera superficiales; el más evidente conformado por sectores recalcitrantes de la oligarquía pro imperialista, que sabotean todo intento de cambios a favor del pueblo; y un segundo flanco opositor constituido por los sectores de la oligarquía, que simularon aliarse con el gobierno de izquierda, para frenar los cambios desde adentro.

Lección 5: La estrategia con que la oligarquía y el imperialismo norteamericano enfrentan al gobierno de izquierda, la denominan “detonación controlada de la Bomba Social”.

Según Antonio Gramsci (22-01-1891_27-04-1937) las clases dominantes, en momentos de crisis, son capaces de absorber parte de las demandas de las clases subalternas, vaciándolas de su carga subversiva y transformándolas en instrumentos de remozamiento del régimen. A esta ‘Revolución Pasiva’, Gramsci asocia el ‘Trasformismo’, según el cual las clases dominantes absorben e incorporan a elementos activos de las clases subalternas, produciendo la impresión de cambio, donde en realidad solo hay una perpetuación del orden existente. La ‘Revolución Pasiva’ y el ‘Transformismo’ son los facilitadores del dominio capitalista.

Al contrastar las demandas de cambios estructurales formuladas por el Estallido Social, con el desarrollo de este gobierno de izquierda, se puede concluir hasta donde los conceptos expresados por Gramsci, tienen que ver con lo que ha ocurrido en la lucha política colombiana en los últimos 5 años.

Lección 6: La potencia de la lucha política de la mayoría, es visible en este momento en que mantiene enarbolado el Mandato de cambio a favor del pueblo, gestado durante el Estallido Social.

La movilización política popular que existe hoy en Colombia, es clara en rechazar el retorno al gobierno de los sectores que son los agentes tradicionales de la oligarquía y el imperialismo, al tiempo que busca realizar una Agenda de transformaciones, como proyecto de Nueva Nación, que sirva a la mayoría y elimine la subordinación a la plutocracia que manda en los Estados Unidos.