Petro tras el paro nacional: El riesgo de enfrentar la presión de las calles con la legitimidad de las urnas

Petro tras el paro nacional: El riesgo de enfrentar la presión de las calles con la legitimidad de las urnas

La frase que elevó la tensión no fue una crítica a los impuestos, sino una invitación a replantear los tiempos del poder. Durante las movilizaciones del 19 de noviembre en Cali, Gustavo Petro pidió mantener la presión contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella y afirmó: “Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”. Sus palabras merecen un examen crítico por su posible efecto sobre la confianza institucional. Sin embargo, el rigor exige una distinción desde el comienzo: Un discurso controvertido y una exigencia de renuncia no demuestran, por sí solos, la existencia de un golpe de Estado.

El punto más delicado apareció cuando el expresidente calificó de “ilegítimo” al Gobierno y vinculó esa afirmación con cuestionamientos al proceso electoral. En su intervención planteó señalamientos sobre las garantías de los formularios E-14 y sostuvo que la movilización debía ser permanente. Esas acusaciones deben tratarse como afirmaciones de Petro, no como irregularidades demostradas por el hecho de haber sido pronunciadas ante una multitud. El riesgo político surge cuando una denuncia sin resolución probatoria se convierte en fundamento para desconocer al adversario: La crítica deja de concentrarse en lo que hace una administración y comienza a negar su derecho a gobernar.

La frontera democrática requiere más precisión que una consigna. Petro también habló de movilización “popular y pacífica”, un elemento que no puede omitirse al examinar sus declaraciones. Pedir una renuncia mediante protesta pacífica no equivale automáticamente a intentar una toma violenta del poder. No obstante, combinar ese llamado con la idea de que quizá no haya que esperar el voto introduce una ambigüedad preocupante. Una figura con su influencia tiene la responsabilidad de explicar qué cambio propone, mediante qué procedimiento y con qué garantías para quienes no comparten su posición.

La primera consecuencia posible es una desconfianza que sobreviva a la jornada de protesta. Si los seguidores de un sector llegan a considerar que todo gobierno adversario es ilegítimo, el desacuerdo sobre una reforma puede transformarse en rechazo a cualquier decisión de la administración. Ese escenario no es un desenlace inevitable ni permite atribuir intenciones colectivas a los manifestantes. Sí constituye un peligro que conviene prevenir: Cuando desaparece el reconocimiento mutuo entre gobierno y oposición, negociar puede empezar a interpretarse como una traición y cualquier concesión resultar insuficiente.

La segunda amenaza consiste en desplazar las reclamaciones concretas por una confrontación sin salida clara. El paro reunió cuestionamientos a medidas tributarias, laborales y económicas; convertir toda esa diversidad en una exigencia de salida inmediata puede relegar la discusión de los artículos, las alternativas y los costos. Para trabajadores, empresarios y hogares, una escalada prolongada podría añadir incertidumbre a decisiones cotidianas de contratación, inversión o consumo. Son consecuencias posibles, no pérdidas que puedan darse por comprobadas únicamente a partir del discurso. La responsabilidad periodística consiste en advertir el riesgo sin inventarle una factura.

El Gobierno tampoco queda exento de responsabilidad por la gravedad de las palabras de su opositor. La respuesta institucional debe distinguir entre manifestantes pacíficos, críticas políticas y conductas concretas que puedan infringir la ley. Calificar indiscriminadamente una protesta como golpista reduciría el espacio para tramitar reclamos legítimos y podría profundizar la misma polarización que se pretende contener. La firmeza democrática exige dos límites simultáneos: No aceptar la intimidación como sustituto de las instituciones y no utilizar la defensa institucional para descalificar cualquier disenso.

La herramienta más útil para el ciudadano empieza por detener la reacción automática. Antes de compartir un fragmento, conviene revisar qué dijo el dirigente, en qué contexto y qué parte corresponde a una denuncia todavía no demostrada. Después resulta necesario formular una pregunta sencilla: ¿La propuesta identifica un camino institucional o deja su desenlace a una presión indefinida? Ese ejercicio permite cuestionar con firmeza a Petro sin convertir una interpretación política en una sentencia, y defender el derecho a protestar sin respaldar cualquier objetivo formulado desde una tarima.

El desenlace dependerá de si los dirigentes reducen la ambigüedad o la explotan. Las expresiones conocidas justifican una crítica severa por asociar la deslegitimación del Gobierno con la posibilidad de no esperar el voto, pero no autorizan a presentar como probado un plan golpista. Colombia necesita una oposición que fiscalice y un Ejecutivo que responda, no una competencia por decidir quién representa por sí solo al pueblo. La advertencia de fondo trasciende a los protagonistas: Ninguna multitud pertenece a un dirigente y ningún desacuerdo político debería convertirse en permiso para sustituir las reglas por la voluntad del sector que más presione.

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