En política, pocas cosas pesan tanto como la sensación de rumbo. Hoy, una parte importante del electorado percibe que Abelardo de la Espriella sí sabe para dónde va, mientras que la dupla Paloma Valencia–Juan Daniel Oviedo todavía está tratando de ponerse de acuerdo en qué país quieren construir. Esa diferencia no es solo de estilo; se traduce en cómo crecen, se estancan o se desinflan en las mediciones.

El ascenso de Abelardo no fue inmediato, pero sí constante. Pasó de ser el abogado polémico que muchos conocían por redes y casos mediáticos, a convertirse en un candidato con narrativa consistente: orden, autoridad, castigo a la corrupción y ruptura frontal con el progresismo en el poder. Le habla sin rodeos a un electorado que quiere “mano firme” y mensajes simples. Lejos de matizarse para agradar al centro, reforzó su identidad y eso, le guste a quien le guste, construye un nicho sólido que se refleja en los números.

Del otro lado, Paloma Valencia arrancó como la carta natural del uribismo clásico: Discurso duro, estructura partidista, reconocimiento en la derecha. Pero la entrada de Juan Daniel Oviedo como fórmula la movió de ese lugar cómodo. Oviedo aporta hoja de vida técnica, credibilidad en cifras, empatía con sectores de clase media urbana y cierto aire de “centro razonable”. El problema es que muchas de sus posiciones en temas sensibles (paz, JEP, derechos civiles) chocan con la línea histórica que Paloma ha defendido. En vez de sumar armonía, la dupla abrió una caja de contradicciones.

Las consecuencias se ven puertas adentro: Militantes que se van sin hacer ruido, equipos regionales que miran hacia Abelardo buscando un discurso más alineado con lo que han repetido por años, y líderes de opinión de la derecha que ya hablan abiertamente de “reubicar” sus apoyos. Puertas afuera, se nota en entrevistas donde Paloma y Oviedo responden distinto a la misma pregunta, se corrigen, se pisan las frases o evaden definiciones claras. Para un país cansado de ambigüedades, esa imagen pesa.

La última medición nacional de intención de voto (la que no se puede citar numéricamente, pero cuya lógica general es clara en el debate público) muestra tres tendencias:

• Iván Cepeda encabezando con un liderazgo cómodo, aunque con techo visible.

• Abelardo de la Espriella consolidado en un segundo lugar competitivo, con crecimiento respecto a mediciones anteriores.

• Paloma Valencia estabilizada en un tercer lugar, lejos del desplome, pero sin lograr el salto que su campaña esperaba tras anunciar a Oviedo.

Lo interesante es la curva: Abelardo sube o se mantiene fuerte; Paloma crece poco o se estanca; la suma de los dos supera el bloque oficialista, pero esa fuerza está dividida. En escenarios de segunda vuelta que se discuten en debates y análisis, se repite una constante: Cepeda sería vulnerable frente a una derecha unificada, pero lo que hoy hay es una derecha repartida en dos proyectos que compiten más entre ellos que contra el gobierno.

La incoherencia en la campaña Paloma–Oviedo no es una etiqueta gratuita; se ve en temas concretos. Mientras una parte del binomio se define desde hace años por la crítica fuerte al proceso de paz y a la justicia transicional, la otra intenta matizar, hablar de ajustes, tecnicismos, “evaluar resultados”, sin ir al mismo extremo. El resultado es que nadie está plenamente satisfecho: Los más duros sienten que se diluye el discurso; los moderados temen que, en la práctica, termine mandando la línea más radical.

En contraste, Abelardo no juega a las medias tintas. Puede ser polémico, excesivo o alarmante para muchos, pero su electorado sabe exactamente qué comprar: Un discurso de confrontación, orden y revancha política frente a la izquierda. Eso le permite ocupar un lugar nítido en el tablero, lo que explica por qué cada tropiezo de Paloma se traduce en más visibilidad y más intención de voto para él. A ojos de muchos uribistas de base, él es el que está defendiendo “sin complejos” lo que antes encarnaban líderes que hoy están más moderados o divididos.

¿Está equivocada entonces la jugada de Paloma con Oviedo? Depende de qué se mida. Como apuesta para acercarse a sectores urbanos, jóvenes y tecnocráticos, tiene sentido. Como señal hacia su propia base, fue un disparo en el pie mal explicado y peor gestionado. Si la campaña no logra articular una historia común que responda con claridad a la pregunta “¿qué harían juntos con la paz, la JEP y la justicia?”, el ruido interno seguirá pesando más que las bondades técnicas del exdirector del DANE.

En cambio, la campaña de Abelardo parece tener claro su objetivo inmediato: consolidarse como la cabeza indiscutible del bloque de derecha, obligando a que cualquier jugada de unidad pase por él. En la medida en que encuestas y plazas lo sigan validando como segunda fuerza, tendrá más margen para negociar, polarizar o, incluso, absorber parte del voto que hoy duda entre Paloma y una opción más “pura” ideológicamente.

El mapa que se dibuja hoy no es definitivo, pero sí revelador:

• Un candidato oficialista fuerte, pero con techo.

• Una derecha dividida entre un mensaje claro que crece y una fórmula confusa que no despega como esperaba.

• Un electorado observando no solo lo que dicen en campaña, sino cómo se contradicen o se sostienen cuando los ponen juntos frente a un micrófono.

Si algo enseñan estas semanas es que la coherencia no es un lujo; es un activo electoral. Y hoy, esa moneda la está aprovechando más Abelardo que Paloma.

Los tres candidatos presidenciales y sus fórmulas dibujan un mapa complejo: detrás de cada “dueto” hay una mezcla de cálculo, marketing y algo de proyecto de país. La pregunta es si esas duplas nacieron para gobernar con coherencia o solo para sumar votos en un país partido en temas como el proceso de paz y la JEP.

En esta campaña presidencial, las fórmulas no son simples acompañantes: son mensajes políticos. Cada candidato escogió una dupla que intenta resolver varios dilemas a la vez: tranquilizar a ciertos sectores, entusiasmar a otros, equilibrar territorio, género, origen social e ideología. Pero no siempre lo que se ve como “equilibrio” hacia afuera se traduce en coherencia hacia adentro; a veces, la mezcla luce más como un matrimonio por conveniencia que como un proyecto de largo aliento.

Entre los tres proyectos presidenciales, se repiten algunos patrones: candidatos que vienen de élites políticas tradicionales, otros que se posicionan como técnicos, y figuras que se venden como “anti-establecimiento” pero que terminan pactando con los mismos de siempre. En varios casos, la fórmula vicepresidencial no es la persona que mejor encarna el programa, sino la que más ayuda a corregir la imagen del candidato: si es visto como “muy radical”, se busca alguien moderado; si es percibido como distante, se elige alguien “popular”; si es muy bogotano, se busca un rostro de región.

El caso de fórmulas con diferencias marcadas en asuntos como el proceso de paz y la JEP es ilustrativo. Cuando un candidato que ha defendido la implementación del acuerdo se asocia con una fórmula que ha mostrado más escepticismo, o viceversa, la campaña intenta venderlo como “pluralismo” y “capacidad de diálogo”. Pero para el votante informado surge la duda: ¿es una síntesis honesta que enriquece la propuesta o es una contradicción diseñada para capturar votos de todos los lados sin decir la verdad completa sobre lo que harían en el gobierno?

Ejemplos como la dupla de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia lo ponen en blanco y negro: él, con un discurso más tecnocrático y centrista, tratando de ubicarse como puente; ella, con una trayectoria asociada a una derecha fuerte, dura en temas de justicia transicional y crítica de la JEP y del enfoque de paz que ha marcado los últimos años. Esa combinación puede interpretarse como una apuesta por “sumar mundos” o como una señal de que, ya en el poder, el proyecto podría moverse hacia posiciones más duras de las que su discurso moderado sugiere hoy.

Algo similar ocurre con otras fórmulas: candidaturas que se autoproclaman renovadoras pero que llevan como compañeros a figuras ligadas a maquinarias regionales, o proyectos que se presentan como “del cambio” mientras negocian apoyos con casas políticas que llevan décadas en el poder. Cuando se mira la biografía, las votaciones pasadas, las alianzas y los silencios de esos binomios, queda claro que no todos están pensando primero en el país; muchos están pensando en cómo hacer viable su propia aspiración, incluso si eso implica sacrificar coherencia ideológica.

En términos de posibilidades reales en las urnas, las fórmulas también pesan. Una campaña con un discurso claro, un candidato reconocible y una fórmula que refuerza ese mensaje suele conectar mejor con electores cansados de ambigüedades. En cambio, cuando la dupla transmite señales cruzadas —por ejemplo, prometer compromiso pleno con el acuerdo de paz mientras se acompaña de alguien que ha pedido recortar o reinterpretar la JEP— el resultado puede ser confusión y desconfianza. El votante se pregunta: ¿qué están pactando por debajo de la mesa?

¿Fueron acertadas o equivocadas las decisiones de los candidatos al escoger sus fórmulas? Depende del criterio. Si se habla de cálculo electoral, algunas combinaciones son inteligentes: equilibran territorio, hablan a públicos distintos y generan titulares. Si se habla de gobernar un país polarizado, la cosa cambia: duplas ideológicamente fracturadas pueden volverse ingobernables una vez se enfrenten a decisiones concretas sobre paz, justicia, economía o seguridad. Lo que hoy se vende como “diversidad interna” puede ser mañana una pelea permanente en la Casa de Nariño.

Para el país, la clave no está solo en quién es el candidato principal, sino en entender qué representa y qué decidiría de verdad su fórmula vicepresidencial: qué piensa sobre la JEP, sobre el cumplimiento de los acuerdos, sobre la relación con las Fuerzas Armadas, sobre la economía real y el manejo de la protesta social. Una fórmula que solo sirve para sumar votos de encuesta, pero que será silenciada en el poder, es un engaño; una fórmula con poder real pero incompatible ideológicamente con lo que el candidato prometió en campaña, es una bomba de tiempo.

En últimas, el balance de las posibilidades en las urnas pasa por una pregunta sencilla para el votante: ¿esta dupla me convence como equipo de gobierno o solo como estrategia para ganar la foto del 8 de marzo? Quien vea coherencia, consistencia y un proyecto de país compartido, tendrá razones para confiar. Quien perciba contradicciones profundas o un “Frankenstein” armado para agradar a todo el mundo, debería asumir que, si así es la campaña, el gobierno puede terminar igual o peor.

La elección de una fórmula vicepresidencial indígena por parte de Iván Cepeda abre un debate delicado: ¿reconocimiento real o uso simbólico de los pueblos indígenas como insumo de marketing político? Muchos temen que se repita el libreto de Francia Márquez: enorme capital simbólico al inicio, pero luego una figura arrinconada, sin poder real, mientras la estructura de partido y gobierno decide todo entre bambalinas.

Durante años, los pueblos indígenas han sido mostrados en los discursos de la izquierda como símbolo de resistencia, diversidad y lucha histórica. Sin embargo, cuando llega la hora de tomar decisiones, de repartir poder y de sentarse en las mesas donde se definen presupuestos, reformas y proyectos estratégicos, la presencia indígena suele reducirse a fotos, videos emotivos y menciones en campañas. La brecha entre el discurso y la realidad se hace evidente cada vez que esas comunidades siguen enfrentando pobreza, violencia, falta de consulta previa y abandono estatal, aun bajo gobiernos que dicen representarlas.

La decisión de Iván Cepeda de elegir a una mujer indígena como fórmula vicepresidencial se mueve en ese filo. Por un lado, parece un gesto potente: una candidatura que pone en el centro a quienes casi siempre han estado en la periferia del poder. Por otro, muchos ciudadanos perciben una jugada calculada, pensada para ampliar la base electoral, sumar votos “de diversidad” y lavarle la cara a una clase política que continúa concentrando el mando real en los mismos círculos. El riesgo es que la candidatura se convierta en un empaque perfecto para un contenido que no cambia.

La experiencia reciente de Francia Márquez pesa en el análisis. Llegó a la vicepresidencia con una fuerza simbólica enorme: mujer, afrodescendiente, líder social, voz incómoda frente a las élites. Pero ya en el gobierno, entre ataques mediáticos, errores de comunicación y una evidente reducción de su campo de acción, su imagen se desgastó rápidamente. Terminó atrapada entre la expectativa de quienes la veían como símbolo de cambios profundos y los límites de un diseño institucional que no le concede poder real, más allá de encargos puntuales y apariciones protocolarias. Para muchos, quedó reducido a un ícono con el prestigio por el piso.

Frente a ese antecedente, la fórmula indígena de Cepeda despierta sospechas legítimas. ¿Será una voz con capacidad de decidir, vetar, proponer y negociar en serio, o será otra figura confinada a agendas “culturales”, discursos emotivos y giras simbólicas mientras la macropolítica se discute en otros espacios? La instrumentalización ocurre precisamente cuando el valor de una persona o un colectivo se mide por su utilidad electoral, no por su aporte real en la toma de decisiones. Y ese patrón se ha repetido demasiadas veces con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y populares.

El daño que deja ese uso instrumental va más allá de una elección. Cada vez que una figura indígena es puesta en la vitrina como “rostro del cambio” y luego es anulada en la práctica, se alimenta el cinismo social: la idea de que todo es marketing, que la diversidad es un accesorio, que la inclusión es un slogan vacío. Las comunidades terminan sintiéndose traicionadas, y la sociedad en general se acostumbra a ver estos nombramientos como maniobras cosméticas, no como pasos honestos hacia una democracia más representativa.

Si la fórmula indígena Aida Quilcué repite la ruta de Francia Márquez, el resultado puede ser especialmente cruel: una mujer de un pueblo históricamente golpeado, cargando en su cuerpo y en su biografía el peso de una promesa que no la dejaron cumplir, expuesta a ataques, racismo, clasismo, machismo y luego abandonada a un cargo bien pago pero políticamente decorativo. La imagen por el suelo, la voz minimizada y la narrativa oficial repitiendo que “ahí está, tiene un puesto”, mientras las decisiones pasan por otros escritorios.

La pregunta de fondo no es si hay que tener más indígenas en las fórmulas vicepresidenciales o en las listas, sino para qué. Si es para abrir de verdad el poder, permitir que esas voces incidan en la línea económica, en la política de seguridad, en los modelos de desarrollo, en las reformas al Estado, entonces es un paso histórico necesario. Pero si es solo para firmar comunicados, acompañar actos y servir de escudo simbólico ante críticas de racismo o exclusión, entonces es otra vuelta del mismo ciclo de uso y descarte.

Por eso, más allá del entusiasmo o la indignación inmediata, lo clave será observar los hechos: qué acuerdos programáticos se firman con esa fórmula, qué funciones concretas se pactan, qué compromisos vinculantes se incluyen en un eventual gobierno y qué márgenes de autonomía se respetan. La sociedad ya vio un libreto similar con Francia Márquez; Repetir la historia con un líder indígena no solo sería una falta de respeto, también sería un golpe frontal a la confianza en cualquier discurso progresista que hable de “pueblo” mientras administra el poder como siempre, pero con peores resultados.

El resultado electoral dejó un mensaje contundente: el partido surgido de la desmovilización en La Habana, que se proclamó “representante del pueblo”, perdió todas sus curules y, con ellas, su personería jurídica. Ese desplome abre un debate sobre memoria, perdón, justicia y la verdadera legitimidad en democracia.

El partido nacido de los acuerdos de paz firmados en La Habana llegó al escenario político con una promesa poderosa: transformar las armas en votos y convertirse en la voz de las víctimas, de la Colombia rural y de los sectores históricamente excluidos. Durante años se presentaron como “representantes del pueblo”, argumentando que su tránsito a la vida civil era una conquista democrática y una prueba de que la guerra sí podía tener un camino distinto. Sin embargo, la primera elección sin curules garantizadas los dejó frente a una realidad implacable: el electorado no les dio el respaldo que esperaban.

La derrota no fue solo numérica, fue simbólica. Perder todas las curules y quedar sin personería jurídica significa, en la práctica, salir del tablero institucional donde se toman las grandes decisiones del país. Es el fin de una etapa en la que, por diseño del acuerdo, tuvieron asiento asegurado en el Congreso, y el inicio de otra en la que, si quieren volver, deberán hacerlo en igualdad de condiciones frente a cualquier otra colectividad: con votos, sin privilegios y sin atajos. Para una parte del país, esto es justicia histórica; para otra, un retroceso en la implementación del acuerdo.

El castigo electoral puede explicarse por varias razones. Por un lado, una porción importante de la sociedad nunca aceptó que antiguos comandantes pasaran tan rápido de la guerra al Congreso, menos aún sin haber pasado por sanciones ejemplares o sin un reconocimiento pleno de responsabilidades. Por otro, el partido no logró conectar su narrativa de paz con los problemas cotidianos de la vida urbana y popular: empleo, seguridad, costo de vida, corrupción local. En muchas regiones, el recuerdo del conflicto pesó más que cualquier propuesta programática.

También influyó la fragmentación del campo progresista y de izquierda. Otros partidos y movimientos, sin la carga histórica de la guerra, lograron canalizar el voto de cambio, el voto joven y el voto inconforme. La marca asociada a la antigua insurgencia quedó atrapada entre el rechazo de buena parte del electorado y la competencia de fuerzas más frescas en la disputa por el relato de la transformación social. En un mercado político saturado de discursos de “pueblo”, su versión de la historia ya no fue la más convincente.

Que este partido se quede sin personería jurídica implica perder financiación estatal, tiempos en medios, estructura formal y capacidad de presentar listas propias con las mismas ventajas de antes. Es, en términos políticos, una muerte administrativa, aunque no necesariamente social: sus antiguos militantes pueden intentar reconvertirse, sumarse a otras fuerzas o crear nuevas plataformas políticas bajo otro nombre. Pero el mensaje del voto es difícil de maquillar: la sociedad les dijo que su legitimidad no se puede heredar de una firma en La Habana; se tiene que refrendar en las urnas.

El desenlace abre preguntas incómodas. ¿Este resultado fortalece o debilita la paz? ¿Es un acto de justicia democrática o un síntoma de que la sociedad aún no está preparada para integrar plenamente a los excombatientes en la vida política? ¿Se traduce en más frustración para las bases que sí apostaron por la reincorporación, o en una oportunidad para que surjan liderazgos nuevos, sin el peso del pasado armado? La respuesta no es única, pero algo sí queda claro: el título de “representantes del pueblo” no se decreta en un acuerdo; se construye voto a voto.

Al final, lo que ocurrió en las urnas es una lección dura sobre democracia y memoria. La paz firmada en La Habana no garantiza prestigio eterno. El perdón social no es automático. Y el poder político, cuando se basa más en símbolos que en resultados y conexión real con la gente, se evapora tan rápido como llegó. Lo que viene ahora será decisivo: O se lee este fracaso como un cierre definitivo a la experiencia política de ese partido, o se convierte en la presión necesaria para que futuras apuestas de paz se hagan con más verdad, más humildad y más respeto por la voluntad ciudadana.