Las tensiones políticas en Colombia continúan en aumento debido a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca reformar el sistema laboral. La iniciativa, que incluía 12 preguntas sobre derechos laborales y que recientemente fue rechazada en la plenaria del Senado por un estrecho margen (49 votos en contra frente a 47 a favor), ha generado un fuerte rechazo en el Congreso, que busca frenar la consulta mediante la aprobación de la reforma laboral por la vía legislativa tradicional.
Frente a este rechazo, Petro ha denunciado un supuesto fraude en el proceso de votación y ha anunciado que volverá a presentar la consulta popular, esta vez con una pregunta adicional relacionada con la reducción del precio de los medicamentos y la intervención estatal en su producción y compra, ampliando así el alcance de la consulta hacia temas de salud pública. Además, ha convocado a la ciudadanía a movilizarse y a organizar cabildos abiertos en varias ciudades para fortalecer el apoyo popular y presionar políticamente, a pesar de que uno de estos encuentros, previsto inicialmente para el 19 de mayo en Barranquilla, fue aplazado.
El Congreso, por su parte, ha revivido la reforma laboral que Petro intenta impulsar, pero a través de un acuerdo entre sectores políticos que buscan evitar la consulta popular. Este escenario refleja una pugna entre el Ejecutivo, que apela a la participación ciudadana directa para impulsar cambios estructurales, y el Legislativo, que prefiere manejar la reforma por la vía parlamentaria, evidenciando una división profunda en el manejo de las políticas laborales en el país.
En resumen, el presidente Petro mantiene su estrategia de impulsar la consulta popular como mecanismo para legitimar reformas laborales y sociales, mientras el Congreso intenta frenar esta iniciativa mediante la aprobación de la reforma laboral convencional, generando un clima de confrontación política y movilización social en Colombia.