El periodismo en Colombia está en alerta roja. Informar se ha convertido en un oficio donde, además de investigar, muchos periodistas tienen que aprender a leer amenazas, cambiar rutinas, autoexiliarse de sus territorios o guardar silencio para seguir vivos. Esto no es una frase dramática: las cifras del último año lo prueban y deberían avergonzar al Estado.
En Colombia informar sigue siendo, literalmente, jugarse la vida. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó en su más reciente informe que durante 2025 se registraron 469 agresiones contra 305 periodistas en el país, una reducción del 13% frente a 2024, pero con impactos más graves: un periodista asesinado, un intento de homicidio y un ataque con explosivos. No hay forma honesta de llamar a eso “mejora”: es un mapa de violencia sostenida contra quienes se atreven a contar lo que otros quieren esconder.
El asesinato que marca el año es el de Óscar Gómez Agudelo, ocurrido el 24 de enero en Armenia, Quindío. Según la FLIP, su trabajo estaba ligado a denuncias en su programa radial, y ya había recibido amenazas por lo que investigaba. En 2024, además, Colombia registró cinco periodistas asesinados, según la Unión Europea, con casos en departamentos como Norte de Santander y Sucre, lo que consolidó al país como el segundo más peligroso de América Latina para ejercer el oficio, solo detrás de México, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
La violencia no es solo letal: también es asfixiante. En 2024, la FLIP registró 530 agresiones contra periodistas, entre ellas 215 amenazas, 20 desplazamientos forzados, cuatro exilios y dos secuestros. Son comunicadores expulsados de sus territorios por grupos armados, funcionarios locales o mafias que no toleran el escrutinio. Desde 1977, la FLIP ha documentado 169 periodistas asesinados en Colombia por razones asociadas a su oficio; solo entre 2020 y 2025 se registran 10 homicidios en departamentos como Córdoba, Norte de Santander, Valle, Cauca, Nariño, Quindío y Sucre.
Los principales detonantes de estas agresiones son conocidos y, justamente por eso, imperdonables que persistan: cobertura del conflicto armado y la presencia de nuevos grupos ilegales, denuncias de corrupción local y nacional, investigación sobre economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando), y reportajes sobre medio ambiente y tierra. En muchas regiones, cuestionar al alcalde, al contratista o al comandante de turno cuesta amenazas directas, campañas de desprestigio, procesos judiciales abusivos y, en el peor escenario, una bala.
La geografía del riesgo también está clara. Informes recientes de FLIP, RSF y la UE señalan como puntos críticos departamentos como Norte de Santander, Sucre, Cauca, Nariño, Córdoba, Valle del Cauca y Quindío, donde confluyen conflicto armado, economías ilegales, corrupción y un Estado débil o cooptado. En esos lugares, no hay “libertad de prensa” como la imaginan los discursos oficiales; hay periodistas que ajustan titulares, borran nombres o deciden no publicar investigaciones porque saben que la justicia no llegará a tiempo si alguien decide silenciarlos.
La responsabilidad no recae solo en grupos ilegales. La FLIP ha advertido sobre el papel de funcionarios públicos que estigmatizan, insultan o señalan a periodistas por hacer preguntas incómodas, lo que legitima ataques y linchamientos digitales. A esto se suma el “acoso judicial”: demandas temerarias, tutelas abusivas, procesos penales usados como castigo y no como búsqueda de verdad. Todo esto crea un entorno donde muchos comunicadores optan por la autocensura como mecanismo de supervivencia.
Colombia se vende como una democracia vibrante, pero sus cifras de violencia contra la prensa cuentan otra historia: un país donde investigar al poder sigue siendo una actividad de alto riesgo y donde la impunidad es la regla. La Defensoría del Pueblo recordó, citando a FLIP, que desde 1977 hasta hoy la mayoría de los crímenes contra periodistas no han sido esclarecidos ni castigados. Eso envía un mensaje devastador: quien manda a matar a un periodista, casi siempre se sale con la suya.
Este artículo no es solo un resumen de números: es una queja abierta. No basta con que el Estado publique comunicados cada 9 de febrero o cada 3 de mayo; se requieren resultados concretos: fiscales que prioricen estos casos, jueces que entiendan el valor de la libertad de expresión, esquemas de protección que funcionen también en zonas rurales, y una condena clara —sin ambigüedades— de cualquier discurso que estigmatice a la prensa. Mientras eso no ocurra, la pregunta no es si volverán a matar a un periodista en Colombia, sino cuándo y dónde.
